En sus seis páginas expone los antecedentes legales y la fundamentación para sostener que el Decreto Supremo N.º 252 de 1991 —que contrata a la recurrente en un cargo adscrito del mismo grado— fue dictado conforme a derecho. Analiza la normativa aplicable, la opción otorgada por la Ley N.º 18.575, la validez de la contratación anual prorrogable y el límite temporal de la delegación legislativa. Concluye que el decreto no perturba derechos de propiedad de la funcionaria y solicita que el recurso sea rechazado