El documento presenta un proyecto de ley que moderniza el sistema de arbitraje en Chile, ampliando su aplicación a causas comerciales y reforzando la supervisión judicial. Propone un procedimiento más ágil y especializado para resolver conflictos fuera de los tribunales ordinarios. Además, establece registros oficiales de árbitros y nuevas normas sobre su designación y funciones. Su propósito es descongestionar la justicia ordinaria y alinear la legislación nacional con los estándares internacionales en materia arbitral.