El documento del Ministerio de Justicia presenta un proyecto de ley sobre regulación legal de la informática, orientado a proteger la privacidad y los datos personales frente al uso tecnológico en el ámbito público y privado. Propone normas sobre tratamiento y difusión de datos, procedimientos judiciales y la creación del Servicio Nacional para la Protección de Datos, como organismo fiscalizador