El documento del Consejo de Defensa del Estado expone las gestiones jurídicas realizadas por Chile tras el embargo de la fruta de 1989. Analiza los informes técnicos y legales que evidencian negligencia de la FDA y posibles conspiraciones. Evalúa los daños económicos sufridos por el Estado y el sector privado, y propone vías de acción ante tribunales nacionales, estadounidenses e internacionales. Concluye recomendando una reclamación administrativa y negociación diplomática para exigir indemnización.

Por la presente el Gobierno de Chile hace valer un reclamo de conformidad con la U.S. Federal ,Tort Claims Act por daños y perjuicios resultantes del embargo de la fruta chilena impuesto por los Estados Unidos y de las medidas afines adoptadas por funcionarios del gobierno de dicho país en marzo de 1989

El documento aborda la respuesta del Gobierno de Chile ante la acusación de la FDA sobre uvas chilenas contaminadas en 1989. El Presidente expresa confianza en que los empresarios afectados obtendrán justicia en tribunales estadounidenses. Si no logran compensación, el Estado chileno brindará protección diplomática. Además, se buscará indemnización por los daños sufridos por el país y su economía. Finalmente, se iniciarán gestiones diplomáticas con Estados Unidos para resolver el conflicto conforme al derecho internacional.

Esquema procesal que describe las etapas judiciales posibles en un juicio de responsabilidad y daños en Estados Unidos, desde los reclamos administrativos hasta la Corte Suprema. Resume las alternativas de fallo (“EE.UU. gana o pierde”) y los plazos aproximados de cada fase. Documento de carácter referencial y explicativo, utilizado para comprender el desarrollo de litigios contra el Gobierno de EE.UU.

MAT.: Informa acerca de las gestiones dispuestas por Su Excelencia y Adjunta antecedentes.

El documento expone los antecedentes del embargo impuesto por EE. UU. a la fruta chilena en marzo de 1989, tras un supuesto hallazgo de cianuro en uvas importadas desde Chile, lo que generó pérdidas económicas superiores a 246 millones de dólares. Chile argumenta que la decisión fue negligente por parte de la Food and Drug Administration (FDA), pues las pruebas que sustentaron el embargo fueron defectuosas y contradictorias.