En el informe del Presidente se expone el fundamento del recurso, que cuestiona la legalidad del Decreto Supremo N.º 14 de 1992 sobre requisitos para vehículos en leasing en el transporte internacional. El Presidente detalla el marco jurídico, la potestad reglamentaria, la naturaleza del decreto y sostiene que su emisión es legal, no arbitraria y no vulnera garantías constitucionales. Incluye también los antecedentes del caso, referencias al Acuerdo Internacional de Transporte Terrestre y una conclusión que solicita rechazar el recurso

En sus seis páginas expone los antecedentes legales y la fundamentación para sostener que el Decreto Supremo N.º 252 de 1991 —que contrata a la recurrente en un cargo adscrito del mismo grado— fue dictado conforme a derecho. Analiza la normativa aplicable, la opción otorgada por la Ley N.º 18.575, la validez de la contratación anual prorrogable y el límite temporal de la delegación legislativa. Concluye que el decreto no perturba derechos de propiedad de la funcionaria y solicita que el recurso sea rechazado