La organización expone la situación de los 233 docentes que trabajan en 77 escuelas al interior de recintos penales, detallando problemas administrativos derivados de su dependencia de las municipalidades, la baja subvención por tratarse de educación de adultos y la irregular asistencia. Además, señalan que su labor no está integrada a la planificación de Gendarmería y solicitan que los profesores pasen a la planta profesional de dicha institución, apoyados por el Ministro de Justicia

Volante político que aborda las instancias de privación de libertad en presión a través de una serie de indicaciones generales.