El documento aborda la respuesta del Gobierno de Chile ante la acusación de la FDA sobre uvas chilenas contaminadas en 1989. El Presidente expresa confianza en que los empresarios afectados obtendrán justicia en tribunales estadounidenses. Si no logran compensación, el Estado chileno brindará protección diplomática. Además, se buscará indemnización por los daños sufridos por el país y su economía. Finalmente, se iniciarán gestiones diplomáticas con Estados Unidos para resolver el conflicto conforme al derecho internacional.